Cada marzo, Valencia arde. No es una metáfora: más de setecientas fallas —monumentos efímeros de madera, cartón piedra y poliuretano— pueblan las calles durante una semana para ser reducidas a cenizas en la noche de San José. La Cremà, el acto final, no es simple pirotecnia; es un ritual de renovación cíclica que encaja en lo que Victor Turner llamaba "comuníitas": un espacio liminal donde las jerarquías cotidianas se suspenden y la comunidad se reconfigura a través del fuego compartido.
Cada falla nace de una comisión de barrio, una asociación vecinal que durante todo el año recauda fondos, diseña el monumento y organiza actos sociales. El proceso es tan importante como el resultado: la toma de decisiones asamblearia, el trabajo voluntario, las cenas de hermandad. En una sociedad cada vez más atomizada, la comisión de fallas funciona como una red de apoyo mutuo que trasciende la festividad.
Pero el fuego también quema lo que molesta. Los ninots —las figuras satíricas que coronan los monumentos— ridiculizan a políticos, banqueros, figuras mediáticas y hasta a la propia comisión. La sátira fallera es una válvula de escape institucionalizada: el poder tolera la burla anual a cambio de legitimar el orden el resto del año. Mikhail Bakhtin lo habría reconocido al instante como carnaval: la inversión temporal de la jerarquía que, paradójicamente, la refuerza.
La declaración de Las Fallas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO en 2016 introdujo una tensión nueva. La protección patrimonial exige autenticidad, pero la autenticidad choca con la mercantilización turística. Los visitantes aumentan cada año —más de un millón en 2023— y el ayuntamiento ha tenido que regular horarios, accesos y hasta la venta de alcohol. La pregunta subyacente es incómoda: ¿cuándo una fiesta deja de ser de sus vecinos para convertirse en producto de consumo global?