La Convención UNESCO de 2003 define el patrimonio cultural inmaterial como "prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas" que las comunidades reconocen como parte de su patrimonio. La clave está en "comunidades": sin portadores vivos, no hay patrimonio, solo archivo. Pero las comunidades cambian. Los jóvenes de Buñol prefieren festivales de música electrónica; las comisiones falleras envejecen; las peñas de Pamplona pierden socios.
La respuesta institucional suele ser la reglamentación. Reglamentos de uso, planes de salvaguarda, comités de expertos. El riesgo es la "folklorización": convertir una práctica viva en representación estética para consumo externo. Lo que era rito se vuelve espectáculo; lo que era participación se vuelve audiencia. El antropólogo David Madrid lo llama "patrimonialización por sustracción": se protege la forma vaciando el fondo.
Sin embargo, hay contrapesos. En Valencia, las comisiones han creado fallas experimentales que critican el cambio climático, la violencia de género o la especulación inmobiliaria. En Pamplona, colectivos feministas han ocupado el espacio público con "encierras" alternativas. En Sevilla, casetas LGTB+ y feministas desafían los códigos tradicionales. La fiesta no es un monumento; es un campo de batalla simbólico donde se negocian identidades.
El reto no es "conservar" la fiesta como pieza de museo, sino garantizar que siga siendo de quienes la habitan. Eso exige recursos (locales, subvenciones, formación), pero sobre todo exige poder de decisión: que los vecinos decidan qué es su patrimonio y cómo vive. La UNESCO puede declarar; solo la comunidad puede sostener.