La frontera no termina en la valla de Melilla ni en el control de pasaportes de Barajas. Migra hacia el interior y se vuelve perfilado étnico: la policía identifica por fenotipo en barrios, transporte, comercios. El Defensor del Pueblo (Informe 2023) constata que personas racializadas son detenidas para identificación hasta 10 veces más que población blanca. La STC 13/2005 declaró inconstitucional el "control de identidad por perfil racial", pero la práctica persiste bajo eufemismos: "prevención de la delincuencia", "control de documentación".
El «derecho a tener derechos» (Arendt) se hace visible en su ausencia. Sin tarjeta, no hay alquiler, no hay contrato, no hay sanidad (salvo urgencias, embarazo, menores), no hay empadronamiento (requisito para todo), no hay escuela para hijos en algunas autonomías. La Circular 3/2023 del Ministerio de Inclusión ordenó no denegar empadronamiento por falta de tarjeta, pero los ayuntamientos (competentes en padrones) la ignoran o la aplican discrecionalmente. La irregularidad no es un estado; es una producción cotidiana de la administración.
La ley de memoria democrática (2022) otorgó nacionalidad a descendientes de exiliados ("ley de nietos"), pero excluye a saharauis, guineanos, marroquíes de la zona del protectorado —colonizados, no exiliados. La ciudadanía española se sigue definiendo por la sangre (ius sanguinis) y la lealtad al Estado franquista (juramento a la Constitución de 1978). Quien no tiene abuelo español, aunque nazca en Madrid, vive en la irregularidad hasta los 18 años (opción de nacionalidad por residencia de un año). La infancia migrante es apátrida de facto.
Hannah Arendt escribió: "Lo más radical de la pérdida de derechos humanos es la pérdida del derecho a tener derechos". En España, ese derecho se negocia en cada ventanilla, cada comisaría, cada consulta médica. La frontera interior es burocrática, invisible, letal.