El término "España vaciada" se ha consolidado en el debate público para designar el proceso de despoblación que afecta a amplias zonas del interior peninsular, particularmente en las provincias de la Meseta, el Sistema Ibérico y los Pirineos. No es un fenómeno reciente: sus raíces se hunden en el desarrollismo de los años sesenta, cuando la migración masiva del campo a la ciudad vació pueblos enteros en pocas décadas. Sin embargo, lo que comenzó como un desplazamiento laboral se ha convertido en una sangría demográfica estructural: según el INE, más del 53 % del territorio español alberga apenas el 5 % de la población, con densidades inferiores a 8 habitantes por kilómetro cuadrado, umbral que la UE considera de riesgo de despoblación.
La paradoja es que este vaciamiento convive con una España saturada: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y la costa mediterránea concentran la actividad económica, los servicios y la inmigración exterior, generando tensiones en vivienda, transporte y medio ambiente. El resultado es un país bicefalo, donde la brecha territorial no es solo geográfica, sino también digital, sanitaria, educativa y cultural. Los pueblos que quedan envejecen a marchas forzadas: en 2023, el 30 % de los municipios tenía una edad media superior a los 50 años, y la tasa de natalidad en comarcas como La Serranía de Cuenca o el Maestrazgo turolense no alcanza los 5 nacimientos por cada 1000 habitantes.