La jornada partida no solo merma la productividad; su coste humano es mayor. La fragmentación del día impide una conciliación real: los padres que salen a las 20:00 apenas ven a sus hijos despiertos entre semana. La brecha de género se ensancha porque, pese a la incorporación masiva de la mujer al mercado laboral, la logística del mediodía (recoger niños, cocinar, lavar) sigue recayendo mayoritariamente en ellas, forzando reducciones de jornada, excedencias o sectores con horarios más flexibles —y peor pagados—. La OMS vincula la falta de sueño crónica (menos de 7 horas) a mayor riesgo cardiovascular, diabetes tipo 2 y deterioro cognitivo; el español medio duerme 6,8 horas en día laborable.
En 2023, el Gobierno aprobó el Real Decreto-Ley 5/2023 que fomenta la jornada continua en la Administración General del Estado (salida a las 15:00 tras entrada a las 8:00) y obliga a negociar su implantación en convenios colectivos. Sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT) la exigen como derecho; la patronal (CEOE) advierte de que no todos los sectores —hostelería, comercio, industria continua— pueden adoptarla sin reorganizar turnos y costes. El debate está servido: ¿es la jornada partida un rasgo identitario que proteger o una rémora del desarrollismo que frena la convergencia europea?