Empresas pioneras —Inditex, Telefónica, Iberdrola, y centenares de pymes— han implantado la jornada continua (8:00-15:00 o 9:00-16:00) reportando subidas de productividad del 5-8 %, caída del absentismo y mejora en retención de talento. Los ayuntamientos de Barcelona, Valencia y Zaragoza han extendido el horario continuo a sus empleados públicos con resultados similares. Sin embargo, la hostelería y el comercio, que emplean al 25 % de los asalariados, resisten: su modelo de negocio depende de la doble franja de clientes (comida y cena), y la jornada continua exigiría turnos rotativos que encarecen costes.
La negociación del Estatuto de los Trabajadores (2024) incluye la reducción a 37,5 horas semanales sin merma salarial y el derecho a solicitar jornada continua, que la empresa solo podrá denegar por "razones organizativas o productivas objetivas". El Tribunal Supremo ya ha sentado jurisprudencia: la denegación debe ser motivada, no discrecional. España camina, pues, hacia un modelo híbrido: jornada continua en oficinas, administración y sectores del conocimiento; partida adaptada en servicios presenciales. Lo que está en juego no es solo un horario, sino la redefinición del tiempo de vida en una sociedad que envejece, digitaliza y exige igualdad real. La jornada partida, nacida para adaptarse al sol, debe adaptarse ahora a las personas.