España envejece: en 2050, el 30 % > 65 años, el 10 % > 80. La cronicidad (60 % población, 80 % gasto) exige un cambio de modelo: de agudo-episódico a crónico-proactivo (gestión de casos, enfermería avanzada, telemonitoraje, hospital en casa). La tecnología (IA en radiología, genómica, salud digital) promete eficiencia pero exige regulación (datos, sesgos, responsabilidad) y formación. La financiación finalista (0,5 % PIB adicional, 2024) alivia pero no resuelve: se necesita pacto de Estado (todos los partidos, CCAA, profesionales, pacientes) que blinde gasto (6-7 % PIB estructural), refuerce AP (20 % gasto), homologue carteras de servicios, regule concertada por resultados, y fije ratios profesionales/habitante vinculantes.
El copago (farmacia, prótesis, transporte) reaparece en el debate: ¿garantía de sostenibilidad o barrera de acceso? La evidencia (RAND, OCDE) muestra que copagos reducen consumo necesario e innecesario por igual, penalizando a crónicos y rentas bajas. La alternativa: financiación fiscal progresiva (impuestos a rentas altas, patrimonio, beneficios extraordinarios farmacéuticas) + lucha contra fraude (facturación fantasma, derivaciones innecesarias) + compra pública centralizada de alto coste. El SNS no es un gasto: es la infraestructura que permite que una sociedad envejecida funcione. Su refinanciación no es coste, es inversión en capital humano. Como dijo la Declaración de Alma-Ata (1978): "La salud es un derecho humano fundamental". España lo firmó; toca hacerlo efectivo cada día.