El modelo ha demostrado resiliencia: ha absorbido la incorporación de España a la UE, la descentralización sanitaria y educativa, la crisis financiera de 2008 y la pandemia. Pero tres fisuras amenazan su estabilidad. Primero, la unidad de mercado: 17 reglamentos distintos en contratación, medio ambiente, transporte o titulaciones crean barreras internas que la Ley 20/2013 de Garantía de Unidad de Mercado intenta eliminar con el principio de "autorización única" y "reconocimiento mutuo", pero la transposición es desigual. Segundo, la lealtad institucional (art. 155 CE): el 155 se activó en Cataluña (2017) tras el referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia; su uso, jurídicamente impecable, fue leído por una parte de la ciudadanía como ocupación, alimentando el independentismo. Tercero, la financiación: el modelo actual (LOFCA 2009, revisado 2014) caduca en 2026; las CCAA del régimen común exigen más recursos y criterios de población ajustada, mientras País Vasco y Navarra blindan su concierto.
La reforma constitucional —tabú durante 40 años— reaparece en el debate: federalismo explícito, cláusula de lealtad, Senado territorial, reconocimiento de la pluralidad nacional. La alternativa es el statu quo erosionado: judicialización creciente (el TC como legislador negativo), desigualdad de servicios según código postal, y una ciudadanía que no entiende por qué su tarjeta sanitaria no vale en la comunidad vecina. El Estado de las Autonomías, genialidad de la Transición, necesita una segunda generación de pactos: no para deshacer lo andado, sino para que la diversidad no sea sinónimo de fragmentación. Como escribió Miquel Roca: "La Constitución no es un monumento para admirar, es una herramienta para usar".