España tiene una relación patológica con la vivienda. El franquismo impulsó la propiedad como pilar de estabilidad social ("casa propia, familia propia"), el desarrollismo de los 60 masificó la autoconstrucción periférica, y la entrada en el euro (1999) desató una burbuja crediticia sin precedentes: de 1997 a 2007, el precio de la vivienda libre se triplicó; la construcción llegó a suponer el 18 % del PIB y el 30 % del empleo. El estallido de 2008 dejó 3,4 millones de parados, medio millón de desahucios (2008-2019) y un parque de 3,4 millones de viviendas vacías (censo 2021) coexistiendo con 28.000 personas sin hogar.
La respuesta pública fue tardía y asimétrica: el Estado rescató a la banca (60.000 millones), creó la SAREB ("banco malo") para sanear activos tóxicos, pero no articuló un parque público de alquiler (apenas el 2,5 % del parque total, frente al 15-30 % en Europa). Los fondos buitre (Blackstone, Cerberus, Goldman Sachs) compraron carteras de la SAREB y de bancos a precios de saldo, convirtiéndose en los mayores caseros privados del país. El resultado: el alquiler medio subió un 55 % entre 2014 y 2023, mientras los salarios reales caían. En 2023, el 40 % de los inquilinos destina más del 30 % de sus ingresos a la renta (sobreesfuerzo), y el 14 % supera el 50 %.