Un repartidor de Glovo en Barcelona pedalea setenta kilómetros al día, gestiona su ruta por algoritmo, paga su moto, su móvil, su mochila, su seguro. Si se lesiona, la plataforma niega la relación laboral: "es colaborador autónomo". La sentencia del Tribunal Supremo de 2020 (Glovo) y la Ley Rider de 2021 establecen la presunción de laboralidad, pero la elusión persiste: nuevas plataformas, nuevos nombres, mismo modelo. El algoritmo es el nuevo capataz: asigna, puntúa, sanciona, despide sin rostro humano.
En el hogar, más de seiscientas mil personas —casi todas mujeres, mayoritariamente migradas— cuidan mayores, limpian, crían. El régimen de empleadas de hogar, excluidas del paro hasta 2022 y aún sin cobertura por accidentes in itinere, es el espejo de una sociedad que externaliza la reproducción social sin socializar su coste. La campaña "Cerramos la brecha" de sindicatos y colectivos migrantes logró avances, pero la informalidad sigue rondando el 40 %.
En los campos de Huelva, Lleida o Murcia, temporeras marroquíes y rumanas cosechan fresas, melocotones, uvas. Contratas en origen, alojamientos precarios, jornadas de doce horas, represalias por organizarse. El convenio de campo de 2022 subió salarios, pero la inspección de trabajo no llega a todas las fincas. La temporalidad aquí no es contractual; es geográfica: el cuerpo migra donde la cosecha llama.
Tres sectores, una lógica: la externalización del riesgo. La empresa captura el valor; el trabajador asume la incertidumbre, el desgaste, la soledad. La precariedad no es falta de regulación; es regulación a la medida del capital.